El empresario cafetero Martín Cabrales, que elogia la reacción del Gobierno en materia sanitaria, admite que si bien vende en supermercados opera al 40% de su capacidad, y con el 40% del personal.
«El tema más complicado va a ser en mayo y en junio. Hacen falta medidas extremas», dice.
Entre los CEO de las grandes compañías existe gran desconcierto.
Nota completa de Florencia Donovan para La Nación
La empresa Dulkré, que fabrica edulcorantes desde hace 34 años, todavía no logró pagarles a los 40 empleados de su planta de Morón la segunda quincena de marzo. Consiguió hace algunos días un crédito de $1 millón en el Comafi para capital de trabajo, pero no logró que el Banco Provincia le aprobara la línea al 24% establecida por el Gobierno para el pago de salarios. Antes, le exigen levantar los cheques rechazados que tiene entre sus proveedores, pero en los bancos con los que opera no puede descontar los cheques electrónicos que le entregaron sus clientes, los supermercados, los únicos que pagan estos días. Esa operación aún no esta en los manuales de la cuarentena.
La realidad de Dulkré o Corporación del Bosque, su empresa madre es similar a la de las más de 700.000 pymes que operan en el país. El parate provoca un descalabro en el sector productivo. Las demoras en los pagos de salarios no son sólo una cuestión de este mes o del que viene. Muchas no lograron cumplir con sus obligaciones de marzo. Todo indica que la ruptura de la cadena de pagos se exacerbará en estos días, luego de que varias grandes empresas anticiparon a sus proveedores que empezarán a pagar a 60 y 90 días. En el Banco Central estudian medidas para las empresas que no están calificadas por los bancos y no tienen otra alternativa que financiarse con proveedores.
El problema es que el Estado, que bien ha comenzado a reaccionar, apenas ha logrado dar una respuesta a cuenta gotas. Difícil planificar, cuando no se tiene la certeza en el corto plazo de la ayuda o del plan que al menos ofrecerá el Gobierno. Anoche se anunciaron medidas para el sector privado, pero estarán sujetas siempre a la evaluación del comité dependiente de Jefatura de Gabinete creado en el decreto 347. No son beneficios automáticos.
Una respuesta pobre, no solo frente a lo que aplicaron países desarrollados con abultadas billeteras y posibilidades de financiación (que el país no tiene), pero también respecto de lo que hicieron en la región. Un empresario con 1200 empleados en el país que opera en países cercanos lo ilustra: En Chile, pagamos el 20% del salario y el Estado, el 80%; en Uruguay también; en Perú, pagamos el 60%, y en Paraguay, 50%. Acá, para las empresas de más de 100 empleados, no hubo nada.
Tal vez sea hora de que el Estado responda al coronavirus con un plan integral (que no está claro que lo tenga) y que sirva al menos para dar algo de certeza en un escenario futuro por demás desconocido. Pero las señales que dio hasta ahora no ayudan. Poco aportó para respaldar a quienes emplean en blanco y las señales hacia el empresariado fueron confusas. Los mismos que hoy tienen que salir a poner dinero propio para capitalizar empresas (y pagar salarios) son a los que se les quiere pedir un aporte solidario, con un impuesto nuevo. Qué tipo de Estado imagina el presidente Alberto Fernández cuando se recupere la normalidad es algo que tampoco queda claro. ¿Volverá el Fernández que prometía respaldarse en los gobernadores para construir un gobierno sin grietas? ¿O volverá el presidente que llamó miserables a los empresarios, elogió a Hugo Moyano y se sacó la foto con Máximo Kirchner en Olivos en las vísperas de la presentación del proyecto del impuesto Patria?
Se tratará de un Estado presente, claro está, ¿pero hay planes para que mejore en su eficiencia? El laboratorio Roche tuvo decenas de miles de reactivos necesarios para esta pandemia frenados en la Aduana. Una empresa de energía limpia con inversiones en Tucumán estuvo lidiando con el Ministerio de Salud de esa provincia, que pretendía que sus trabajadores hicieran una cuarentena de 14 días por venir de Buenos Aires. Ni hablar de los sobreprecios pagados por el Estado.
Prácticamente no hay actividad que no esté sufriendo. El sindicalismo lo sabe y los empresarios encuentran en los delegados grandes aliados. El ajuste vino para quedarse. Pese al escarnio público que evidenció luego de haber cesanteado a 1500 empleados en cuarentena, en la mesa chica de Techint admitían que solo por Ternium en abril se anotarán una pérdida millonaria (dos dígitos, en dólares) y esperan volver a sentarse esta semana con la Uocra (sindicato de la construcción) para revisar sus números.
El recorte salarial de 30% que acordaron los metalúrgicos de la UOM es norma en las grandes empresas. Ledesma negoció lo mismo con su sindicato tras la suspensión de sus operaciones en la fábrica de papel. Algo similar es de esperar que suceda con los de comercio, aunque en este caso hay empresas que acuerdan con sus trabajadores recortes mayores. Muchas se cuestionan cómo hacer para trasladar legalmente el mismo recorte (o más) a los empleados fuera de convenio.
Aun entre las actividades esenciales la crisis se está haciendo palpable. El empresario cafetero Martín Cabrales, que elogia la reacción del Gobierno en materia sanitaria, admite que si bien vende en supermercados opera al 40% de su capacidad, y con el 40% del personal. El tema más complicado va a ser en mayo y en junio. Hacen falta medidas extremas, dice.
Entre los CEO de las grandes compañías existe gran desconcierto. En la semana que pasó, hubo asistencia completa a cuanta conferencia hubo por Zoom. Primero fue la de Bain & Company, luego la de Mc Kinsey y, finalmente, la de IDEA. Los números uno de Ab Inbev, Banco Galicia, Supervielle, Latam, Ternium, Swiss Medical, Enel, Farmacity, Coca-Cola y Fiat fueron solo algunos nombres de los que participaron en ellas.
Hay dos temas que inquietan a los líderes de las grandes empresas: primero, cómo cuidar al personal ante un virus que es una amenaza mientras no exista una vacuna. (Según la encuesta que hizo Bain entre CEO locales, el 52% prevén un rebrote de la crisis sanitaria en el segundo semestre y el 22%, que habrá rebrotes en 2020 y 2021.)
Segundo, cómo encarar un proceso de ajuste que apenas comenzó. La mayoría se prepara para una economía que no tendrá una recuperación en forma de V ni de U, sino que se mantendrá por mucho tiempo estancada, con un comportamiento más en forma de L.
La Argentina es un mercado en el que la mayoría de la población no tiene resto. En Rapsodia se sorprendieron la semana pasada cuando convocaron a un turno de 50 empleados tienen su planta parada ante la posibilidad de que se reanude el comercio online. Recibieron más de 500 solicitudes de trabajadores que quieren volver a estar operativos (emplean más de 1000). Se entiende, la mayoría tiene un porcentaje del salario que es variable, por productividad o por comisión de venta. En la industria retail, la facturación cayó en estas semanas más del 90 por ciento.
En privado, desde la industria del entretenimiento estimaron que les llevará al menos 24 meses recuperar un nivel de actividad como para sostener sus gastos operativos. En los sectores donde el panorama es algo más optimista, se habla de entre 8 y 12 meses. Todo depende de cuánto dure la cuarentena.
La decisión de frenar la actividad y de aislar a la población le dio un rédito político al Gobierno que parecía impensado en diciembre. Los empresarios temen que se haya enamorado de la criatura que creó. Después de todo, afirman, el rédito político de contener el desborde sanitario es propio; la culpa de que la economía se desplome según el FMI, caerá 5,7%; en el Instituto Patria hay cálculos de hasta 10%, con un déficit del 15% es del embate de este enemigo invisible, que se coló en el mundo y al que aún nadie venció